Abandonar el silencio es detener la conspiración…

La sistematicidad con que han venido ocurriendo los sicariatos en territorio venezolano debe llamarnos a repensar las prácticas institucionales y sociales que se han instaurado en nuestro país, y que han hecho posible que este fenómeno se active y comience a cobrar cada día un número mayor de vidas.

Un primer paso de esa reflexión nos llevaría a admitir los hechos y a evitar esa actitud negadora de la actual situación de indefensión en la cual se encuentra el ciudadano promedio venezolano, y en mayor medida, aquellas personas que se atreven a abanderar causas que lesionan los intereses de grupos de poder.

Muchos estudiosos del sicariato convergen en afirmar que no es un fenómeno que viene de fuera, aunque su incremento puede verse directa o indirectamente influido por las actividades de narcotráfico y paramilitarismo.

Al respecto afirma Carrión Mena: “El sicariato no es sólo un fenómeno de unos sujetos aislados que usan la violencia para cometer homicidios por encargo, es algo mucho más complejo que ello, debido a que su realidad está asentada sobre la base de un conjunto de redes sociales que permean la sociedad y sus instituciones, y de una construcción valórica en términos económicos (toda vida tiene un precio) y culturales (el vértigo, el ascenso social)”

El fenómeno se incrementa en la medida en que su acción se minimiza y se hace casi invisible a la sociedad, ya sea porque no se investiga, no es reseñado, es reseñado pero en forma muy parca o con fines de espectáculo por los medios de comunicación.

En estos últimos años, Venezuela pareciera estar transitando por una dolorosa deslegitimación de sus instituciones de justicia, y por auge descontrolado del fenómeno del sicariato.

Sabino Romero, un líder yukpa que continúa la resistencia de sus ancestros para preservar la cultura y la vida de su pueblo, llegó una vez más, a mediados de mayo con su familia a la capital administrativa de un territorio que una vez fue un espacio habitado por caribes, valientes y aguerridos, a decirnos que los ganaderos y los militares de la zona los están matando, y que muy probablemente el próximo muerto sea él.

Sabino Romero ha visto morir a su padre, hijos, nietos, y a un número significativo de familiares y amigos por el simple delito de la dignidad. Sabino y su gente nunca han sido canjeables por dinero o por limosnas del mestizo, y por eso, por constituirse en traba para que saqueen su territorio -que es el pulmón de resistencia con que también nosotros seguimos respirando- lo peor del hombre mestizo clama por su exterminio.

La lucha de Sabino no es distinta a nuestras luchas. Sólo varía el escenario. En lo que va de año, han sido asesinados cinco compañeros. Las muertes más recientes, las de Leonel Romero, José Luis y Alexander Fernández, se suman al asesinato del dirigente campesino del movimiento Jirajara, Ramón Díaz, y al de Ragid Samán, hermano de Eduardo Samán, ocurrido en circunstancias que parecieran alejarse de las prácticas de la delincuencia común.

Ninguno de estos hechos ocupó el centimetraje mediático de los medios de comunicación: privados, públicos, y los ahora llamados alternativos. Ninguno aglutinó la opinión pública nacional e internacional ni sostuvo durante mucho tiempo el interés de la comunidad organizada (pueblo, organismos de investigación  y juristas) para lograr develar los tentáculos que permean el sistema penal venezolano.

En Machiques de Perijá, en tierras de Sabino no se sabe, por ejemplo, de la realización de pesquisas policiales frente al caso del asesinato de los dos hermanos yukpas ocurrido en abril, cuyos cadáveres quedaron expuestos en la zona durante mucho tiempo ante la ausencia total de pesquisas policiales.

A menos de tres meses de este monstruoso evento, y después de las infructuosas peticiones de ayuda de Sabino Romero y su familia para que se les brinde protección, ahora nos matan a otros tres compañeros yukpas. Ahora exterminan a Alexander, a José Luis y a Leonel…

Permitir que esta peligrosa situación ocurra en un país -y en un país en donde nos vanagloriamos de levantar la bandera del socialismo- resulta ser desde todo punto de vista un contrasentido. No sólo los hechos revelan la disfuncionalidad del sistema, sino que también nuestras actitudes frente a él reflejan el avanzado estado de descomposición institucional en el cual nos encontramos.

Existen razones suficientes para considerar que estos hechos parecieran estar dirigidos a debilitar a los que luchan individual o colectivamente por restituir la dignidad y la justicia social tan atropellada aún a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Existen razones para pensar que está en marcha un plan de exterminio de las luchas populares en Venezuela.

Ninguno de los que creemos en la posibilidad de construir sociedades más justas podemos permanecer impasibles mientras nos matan a un compañero. No es lógico que fragmentemos las luchas y andemos clamando por reivindicaciones sectorizadas con nuestros oficios, profesiones, predominancia étnica, o pertenencia a grupos vulnerables. Necesitamos unirnos en una sola voz, una voz que le exija al Gobierno Nacional la investigación eficiente y efectiva de estos hechos, la identificación de los vínculos que pudieran existir entre el sicariato contra líderes populares, la criminalización de las protestas y la impunidad en la cual, en forma cada vez más recurrente, incurren los organismos jurisdiccionales del Estado venezolano con la anuencia tácita del mismo Gabinete Ministerial.

No podemos ser indiferentes ante lo que pareciera ser una silenciosa conspiración en contra del espíritu libertario de la revolución bolivariana.

“¿Hasta cuándo tanta impunidad, tanto silencio, tanta indiferencia?

Abandonar el silencio es detener la conspiración.”

Humillar al maestro

Ninguna excusa puede esgrimir el actual gobierno para seguir manteniendo al gremio de los educadores venezolanos en condiciones humillantes: una retribución económica precaria, un ambiente laboral depauperado en el plano material y ético, una formación universitaria descontextualizada y sin fundamentos científico-pedagógicos, una actividad administrativa inoperante y torpe que violenta el marco jurídico vigente, una ausencia casi total de asistencia médico-hospitalaria, y por si fuese poco, un permanente incumplimiento de los pírricos convenios contractuales alcanzados por sindicatos patronales.

Lastima leer la angustia y desesperación con las que nuestros colegas manifiestan en las páginas digitales, su molestia por la tardanza en la cancelación del bono vacacional, al tiempo que claman por el regreso de Aristóbulo Istúriz a la cartera ministerial de educación como posible salida exitosa al maltrato con que posteriores funcionarios públicos han atribulado al gremio docente.

¿Es posible que una persona pueda coadyuvar en la formación de un pensamiento integral, si ella misma carece de procesos cognitivos que identifiquen cabalmente el origen de los diversos factores que promueven la ocurrencia de un fenómeno?

Es indudable que esto no es posible. Nadie puede mediar la formación de esquemas eficientes y efectivos de pensamiento, si ella misma se encuentra desprovista de ellos. Creer, por ejemplo, que un individuo al frente de un cargo público puede garantizarnos el respeto que merecemos como trabajadores al servicio de la formación humana e intelectual del pueblo venezolano, no es más que sostener peligrosamente un pensamiento anecdótico que evade la racionalización objetiva del conflicto e ignora la existencia y manifestaciones de un sistema económico al servicio de la producción de mano de obra barata para el mercado.

Nada es casual dentro del sistema capitalista en el cual vivimos. Nada es casual ni inocente. Y pareciera que no sólo a los gobiernos cuartorrepublicanos les interesa poseer un gremio docente acrítico, sino que también la llamada quinta república apuesta por la permanencia de este tipo de males dentro de las personas destinadas a impulsar la producción de conocimientos dentro de los colectivos sociales.

Mientras declarativamente se anuncia una educación “emancipadora” y con “autonomía cognitiva”, el Estado sigue permitiendo que las instituciones formadoras de maestros -incluyendo las que abanderan las misiones educativas bolivarianas- egresen docentes con graves deficiencias cognitivas y con elevados niveles de enajenación socio-cultural. Pregúntele usted a un maestro recién egresado de la UPEL o del Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre - por nombrar dos tendencias de formación emblemáticas- por la naturaleza de su praxis educativa y su fundamentación pedagógica en el actual escenario histórico venezolano, y comprenderá perfectamente a qué me refiero.

Mientras declarativamente se celebra el advenimiento de una educación bolivariana, en la práctica se siguen consolidando hábitos administrativos y actividades educativas castradoras y enajenantes, las cuales hacen posible la existencia de funcionarios de dudosa calidad profesional en todos los niveles del subsistema educativo, violentando no sólo el marco jurídico que aún rige en el sector, sino también los principios más elementales de justicia y equidad que todo ser humano debe asumir en la toma de decisiones.

Mientras declarativamente el gobierno anuncia la firma de contratos colectivos justos para los maestros, los gremios patronales que aún nos “representan”, entregan sin el más mínimo rubor las pocas reivindicaciones que hasta ahora se habían alcanzado. El ingreso a un cargo se encuentra actualmente supeditado al antojo de los funcionarios de turno, mientras que el cumplimiento de convenios de larga data, en los actuales momentos se encuentran a merced de las “supuestas posibilidades presupuestarias del ministerio”.

¿Qué ciudadanos pueden surgir de un sistema educativo plagado de males?

La respuesta, al parecer la tiene inequívocamente el Estado, necesitado siempre de rebaños que garanticen la permanencia de reproductores del mismo sistema y de una u otra tendencia partidista, clientelista y/o nepotista dentro de los distintos organismos gubernamentales. Por eso disfrutan viendo de rodillas al maestro clamando por el pago del salario, amordazado por el logro de una supuesta estabilidad laboral o atado de manos por el  agobiante ejercicio educativo que le impide organizarse y asumir dignamente la resistencia ante los atropellos que recibe.

No le queda a uno más que desear que llegue al fin la insurrección, que el maestro descubra su rostro indio, campesino y obrero, que el maestro se sienta pueblo y se una abiertamente a sus causas por una sociedad sin jerarquías ni trampas mentales, una sociedad que definitivamente renuncie a explotar al hombre y los recursos naturales de la tierra para dejar de ser cada día menos abyecta y miserable.

Mujer yukpa

La voz de Ana es firme. No vacila en el uso de una lengua que sólo le es propicia para defenderse de las mil caras del colonizador. La consistencia de su verbo formulado en lengua española sólo es comparable con la de su pensamiento y su espíritu de preservación de la etnia yukpa. Sus ojos brillantes se fijan en un solo punto mientras expone la lucha de su pueblo.

Basta que sus palabras resuenen en una reducida sala en la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, para que todos los asistentes comprendamos que quién habla lo hace desde un extraordinario ejercicio de dignidad humana.

Y mientras ella habla del dolor de su madre, del asesinato de sus dos hermanos y del resto de sus compañeros yukpas, del malogrado proyecto de siembra de cacao de su hermano Alexander, y de cómo el ejército bolivariano protege a los hacendados de la Sierra de Perijá, en abierto desacato a las decisiones del Presidente Chávez sobre el proceso de demarcación de tierras indígenas, uno se pregunta angustiada cuándo fue que perdimos la habilidad y el tino para darnos cuenta de con quién avanzábamos en esta dura lucha por alcanzar una sociedad más justa y más humana.

Nadie se atreve a arrebatarle a Anita su derecho de palabra, aunque ella hace pequeños silencios, preámbulos sólo de la fortaleza con que formula nuevas aseveraciones, tristes reflexiones… “¿Es que porque somos indígenas no importamos?”, “¿Hasta cuándo soportamos el dolor de ver morir a nuestros hermanos?”, “¿De qué nos vale tener representantes indígenas en la Asamblea y una ministra indígena?”, “¿De qué nos valen leyes que dicen favorecernos, si en nuestras comunidades seguimos víctimas de los hacendados?”…

¿Quién le responde a Anita? ¿Quién le responde a nuestros pueblos originarios?

Todos los presentes tenemos los rostros bajos. Nos avergüenza formar parte, de una u otra forma, de todo este sistema que en pleno siglo xxi, a quinientos veinte años del proceso de conquista español, aún sigue diezmando a la población indígena por el sólo contacto con nuestras envilecidas instituciones, pobladas en su mayoría por esa suerte de funcionarios títeres de terratenientes y militares corruptos que llevan la desunión y la discordia a nuestras comunidades indígenas.

Levanto la mirada y corroboro que mi vergüenza, y también mi rabia, son la vergüenza y la rabia de todos los que ese 17 de julio acompañamos a la delegación encabezada por Sabino Romero Martínez, hijo de Sabino Romero Izarra, Carmen Fernández Romero y Ana Fernández en demanda de intervención efectiva para solventar la situación de indefensión en la cual se encuentran nuestros hermanos.

También comprendo que esos dos sentimientos no pueden ser ajenos al pueblo venezolano urbano, a ese mismo pueblo que hace frente día a día a miles de luchas contra la opresión de un sistema cada día más asfixiante, en la medida en que no sólo nos agobia con sus esquemas conductuales estereotipantes, sino que nos impulsa siempre hacia lo individual, hacia el olvido y la indiferencia del dolor que siente el vecino o cualquier habitante de este vasto territorio planetario…

Pero… ¿Quién lleva la voz de Anita al pueblo de Venezuela? ¿Quién se atreve a desdeñar sus cargos y los beneficios que recibe del gobierno bolivariano, para romper tan sólo una lanza por el pueblo yukpa? ¿Quién rompe el cerco de silencio que se ha tendido sobre las causas indígenas -que no son distintas de las causas de campesinos y líderes comunales-  y exige un cambio claro, inteligente y drástico de nuestras políticas de vinculación con los pueblos indígenas? ¿Quién le dice al presidente Chávez que cese en su afán de perpetuar una ministra malinche que traiciona a su pueblo? ¿Quién le dice al máximo líder del pueblo venezolano que deje de confiar en sus “incondicionales” para que verdaderamente comience a acercarse al dolor del pueblo?

Sé que estos “hermanos indígenas” que ocupan cargos en las oficinas de esta y de todas las instituciones del país, jamás llevarán la verdad hasta los colectivos sociales.

Sé que los periodistas, otrora críticos y combativos con los cuales contábamos los que nunca tuvimos ni tendremos voz para los poderosos, ahora cuidan sus “logros”, sus “espacios” y tildan de “ultrosos”, “anarquistas”, “extremistas” o en el mejor de los casos, “sospechosos de trabajar para los intereses de la derecha”, a todo aquel que señale los males por los cuales se desangra también nuestra mal llamada revolución.

Sé que esta reunión, como tantas otras que se han promovido en las instituciones del Estado, en pro de la causa yukpa, quedará sólo en los tristes apuntes que tomaba el asistente jurídico del diputado José Luis González, y que si no logramos que la voz de Ana -esa mujer yukpa que se decidió a salir por primera vez de su comunidad para salvar las enormes distancias que la separan de las leyes waitías- llegue por fin a lo más puro que aún tiene el pueblo venezolano, que es el amor por sus raíces, esta revolución bonita se nos irá haciendo cada vez más artificial e impostada, y sé que ya no habrá paz posible para nosotros ni para nuestros hijos, porque todo sueño de cambio y transformación, desaparecerá.

Hago entonces un llamado a todos los comunicadores alternativos que compartieron conmigo el privilegio de escuchar a Ana, para que den a conocer las entrevistas y grabaciones que le hicieron a ella y a su madre, así como también las formuladas por Sabino Romero, hijo. Levantemos esas voces. Multipliquemos sus mensajes solicitando el pago inmediato de bienhechurías a los hacendados, como mecanismo para detener las continuas agresiones que sufren nuestros indígenas. Defendamos la autodemarcación de tierras en la Sierra de Perijá por parte de los yukpas. Detengamos con nuestra acción consecuente y organizada las pretensiones mineras sobre las tierras que habitan nuestros pueblos ancestrales, garantizando la presencia de los pueblos originarios como eternos guardianes de la naturaleza. Hagámoslo ahora, burlando cualquier coyuntura electoral que pretenda imponerse por sobre nuestra dignidad.

¡Tierra y vida para el pueblo yukpa!

¡Yukpa somos tod@s!